Carta de Mons. Casimiro López Llorente, Obispo de Segorbe Castellón Desde el Gobierno se ha anunciado la voluntad de llegar a un pacto educativo. Es una buena noticia. Un pacto educativo es necesario y posible, aunque no fácil. La Iglesia católica ha pedido reiteradamente y quiere que se alcance un gran pacto social sobre la educación. En él, junto con las autoridades del Estado, los partidos políticos y las comunidades autónomas, han de hallarse presentes todos los sectores sociales implicados: los padres de alumnos, los profesores, los titulares de instituciones educativas y la misma Iglesia. Debe ser un gran pacto social sobre la educación. Lo reclama la educación de niños y jóvenes, tan esencial para el bien de las personas y para el bien común. Por el bien de los educandos y de la sociedad, el sistema educativo ha de quedar al margen de los avatares políticos y de las distintas ideologías.
Es necesario recordar que la Constitución, refrendada por el pueblo español, contiene ya un pacto educativo, que no puede soslayarse. En especial, su art. 27 y la jurisprudencia al respecto ofrecen los principios básicos del deseado pacto social, algunos de los cuales es preciso recordar.
La educación es uno de los derechos fundamentales de toda persona y tiene como objetivo primordial facilitar al educando el “pleno desarrollo de su personalidad”; la educación habrá de tener en cuenta todas las dimensiones de la persona y todas las potencialidades del educando de modo que crezca como persona y como miembro de la sociedad. Mediante la educación se han de desarrollar y consolidar conocimientos, valores, virtudes morales y hábitos intelectuales y de trabajo.
Inseparable del derecho a la educación está el derecho de los padres a educar a sus hijos; ellos -y no el Estado- son los titulares de la educación de sus hijos. Los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, a lo que tienen un derecho primario e inalienable, que el Estado ha de respetar, reconocer y hacer efectivo. Porque los padres no tienen todos los medios necesarios para educar a sus hijos, necesitan de la ayuda tanto del Estado como de la sociedad civil y de la propia Iglesia. La escuela ha de entenderse como esa ayuda indispensable y subsidiaria a los padres para que puedan llevar adelante su responsabilidad educativa.
Los padres han de gozar de verdadera libertad para educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas. Han de poder, por tanto, elegir libremente la educación y el colegio que quieren para sus hijos. Para ello, el Estado ha de garantizar el derecho a la educación mediante la creación de escuelas propias, que como él han de ser ideológicamente neutrales; pero también y en virtud del derecho a la libertad de enseñanza, ha de garantizar que personas físicas e instituciones sociales y de la Iglesia pueden crear centros con ideario propio. Estos centros pueden reclamar ser financiados con fondos públicos, que son fondos de todos. Los poderes públicos deben velar para que los dichos públicos se distribuyan de tal modo que los padres puedan elegir la escuela que quieran para sus hijos. La libertad de enseñanza pide la existencia de la escuela pública y de la privada, el respecto de la identidad de los centros y la garantía efectiva del derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos.
Fuente: agenciasic.es
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