Son siempre muchos los debates que se generan sobre el sostenimiento económico de la Iglesia, lugar en el que se enfrentan extremos que proclaman que la Iglesia es una gran privilegiada y extremos que lanzan dardos envenedados contra los primeros y para quienes cualquier tiempo pasado fue mejor. Más allá de lo que digan y reclamen asociaciones como Europa Laica, cuya masa social es más bien escasa, o Izquierda Unida, o añoren otros, lo cierto es que la labor de la Iglesia es algo a valorar, y mucho. Lo dicen las cifras, reflejadas en la Memoria Anual de Actividades que presentó recientemente la Conferencia Episcopal Española (CEE) a los periodistas, y lo dicen también aquellos que se gastan por los demás día a día: sacerdotes, catequistas, voluntarios, laicos, religiosas…
El testimonio siempre ha estado ahí, quizás oculto; no así la Memoria, de pocos años atrás. Precisamente, este trabajo es el resultado de un esfuerzo por mejorar las cuentas de la Iglesia en claridad, transparencia y pedagogía social. Se trata de que los ciudadanos conozcan mejor qué recursos tiene la Iglesia, de dónde proceden y qué hace con ellos, algo que no está muy claro para muchos ciudadanos.
Así, en 2009, de los cerca de 225 millones de euros que conformaban el Fondo Común Interdiocesano –donde están incluidas la compensación del IVA y una liquidación anterior–, 32 millones se destinaron a Aplicaciones generales (Seguridad Social de los sacerdotes y obispos, centros de formación, Conferencia de Religiosos…), mientras que los 191 millones restantes se enviaron a las diócesis para cubrir gastos generales, la sustentación del clero, las actividades pastorales y el mantenimiento de los seminarios.
Este es el reparto que se realizó y cuyo monto total, según afirman desde la Conferencia Episcopal, solamente cubre una cuarta parte de las necesidades. El resto, lo ponen los fieles.
Actividad sacramental
De vuelta a los datos, y con llos en la mano, ya se justifica de por sí lo recibido solo con la práctica sacramental, porque se produjeron cerca de 315.000 bautismos, 250.000 primeras comuniones, 90.000 bodas y más de cinco millones de eucaristías.
También, dentro de la actividad pastoral, las más de 43 millones de horas de dedicación a los demás por parte de sacerdotes, religiosos y religiosas y agentes de pastoral. Unas horas que, si tuviesen que ser contratadas a precio de mercado, supondrían un importe de cerca de 1.900 millones de euros.
“Esto indica que la gratuidad de los recursos y la eficiencia de su uso supone que cada euro que se invierte en la Iglesia rinde más de dos veces y media en su servicio equivalente en el mercado”, defiendió en rueda de prensa Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.
Sacerdote joven en el mundo rural
Pero las cifras, siempre frías, tienen rostro, nombre y apellidos. Uno de ellos es Juan Carlos Martínez Mariño, párroco y administrador de siete parroquias en Oza dos Ríos, en la provincia de La Coruña. Este joven sacerdote cuenta que son muchas las dificultades que existen en el medio rural, donde trabaja: dispersión, despoblación, falta de recursos económicos y de infraestructuras.
Su labor, como reconoce, se concentra en el fin de semana con la administración de los sacramentos, aunque siempre hay algo que resolver y preparar: “Desde montar catequesis, cáritas parroquiales, a escuchar los problemas de los feligreses… En algunos lugares, además de parroquias, somos un centro de atención social”, añade.
Reivindica que los sacerdotes “son los que se mantienen en las aldeas yendo al encuentro de los que allí habitan, porque, para el resto de cosas, tienen que trasladarse”. Por eso, ve lógico que la Iglesia reciba de los contribuyentes una asignación, que, deja claro, “es voluntaria”.
Son muchos los que, cada día, trabajan sin descanso en este tipo de parroquias. Otro sacerdote que lleva la presencia de la Iglesia al campo, y que prefiere mantener el anonimato, explica que, básicamente, “la sustentación de las parrroquias rurales depende de la aportación personal de los fieles en cada celebración comunitaria”.
Cree que es justo que cada ciudadano pueda elegir si asignar o no a la Iglesia en la declaración de la renta, aunque afirma rotundamente que, “si la Iglesia volviese a los orígenes, no haría falta la crucecita”.
El testimonio siempre ha estado ahí, quizás oculto; no así la Memoria, de pocos años atrás. Precisamente, este trabajo es el resultado de un esfuerzo por mejorar las cuentas de la Iglesia en claridad, transparencia y pedagogía social. Se trata de que los ciudadanos conozcan mejor qué recursos tiene la Iglesia, de dónde proceden y qué hace con ellos, algo que no está muy claro para muchos ciudadanos.
Así, en 2009, de los cerca de 225 millones de euros que conformaban el Fondo Común Interdiocesano –donde están incluidas la compensación del IVA y una liquidación anterior–, 32 millones se destinaron a Aplicaciones generales (Seguridad Social de los sacerdotes y obispos, centros de formación, Conferencia de Religiosos…), mientras que los 191 millones restantes se enviaron a las diócesis para cubrir gastos generales, la sustentación del clero, las actividades pastorales y el mantenimiento de los seminarios.
Este es el reparto que se realizó y cuyo monto total, según afirman desde la Conferencia Episcopal, solamente cubre una cuarta parte de las necesidades. El resto, lo ponen los fieles.
Actividad sacramental
De vuelta a los datos, y con llos en la mano, ya se justifica de por sí lo recibido solo con la práctica sacramental, porque se produjeron cerca de 315.000 bautismos, 250.000 primeras comuniones, 90.000 bodas y más de cinco millones de eucaristías.
También, dentro de la actividad pastoral, las más de 43 millones de horas de dedicación a los demás por parte de sacerdotes, religiosos y religiosas y agentes de pastoral. Unas horas que, si tuviesen que ser contratadas a precio de mercado, supondrían un importe de cerca de 1.900 millones de euros.
“Esto indica que la gratuidad de los recursos y la eficiencia de su uso supone que cada euro que se invierte en la Iglesia rinde más de dos veces y media en su servicio equivalente en el mercado”, defiendió en rueda de prensa Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.
Sacerdote joven en el mundo rural
Pero las cifras, siempre frías, tienen rostro, nombre y apellidos. Uno de ellos es Juan Carlos Martínez Mariño, párroco y administrador de siete parroquias en Oza dos Ríos, en la provincia de La Coruña. Este joven sacerdote cuenta que son muchas las dificultades que existen en el medio rural, donde trabaja: dispersión, despoblación, falta de recursos económicos y de infraestructuras.
Su labor, como reconoce, se concentra en el fin de semana con la administración de los sacramentos, aunque siempre hay algo que resolver y preparar: “Desde montar catequesis, cáritas parroquiales, a escuchar los problemas de los feligreses… En algunos lugares, además de parroquias, somos un centro de atención social”, añade.
Reivindica que los sacerdotes “son los que se mantienen en las aldeas yendo al encuentro de los que allí habitan, porque, para el resto de cosas, tienen que trasladarse”. Por eso, ve lógico que la Iglesia reciba de los contribuyentes una asignación, que, deja claro, “es voluntaria”.
Son muchos los que, cada día, trabajan sin descanso en este tipo de parroquias. Otro sacerdote que lleva la presencia de la Iglesia al campo, y que prefiere mantener el anonimato, explica que, básicamente, “la sustentación de las parrroquias rurales depende de la aportación personal de los fieles en cada celebración comunitaria”.
Cree que es justo que cada ciudadano pueda elegir si asignar o no a la Iglesia en la declaración de la renta, aunque afirma rotundamente que, “si la Iglesia volviese a los orígenes, no haría falta la crucecita”.
Fuente: vidanueva.es
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